IPC Exagerado

Caracas, noviembre 30 (REDACTA).- La diputada Laura Valls, integrante de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la AN, aseguró que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) se ha convertido en una traba para los venezolanos y venezolanas y sobre todo para los jóvenes profesionales, que desean adquirir un inmueble en preventa, por lo que esta instancia gubernamental seguirá su lucha para lograr su eliminación total o, en caso contrario, que el pago se haga en base al 30% del costo del inmueble. La parlamentaria sostiene que el cobro del IPC tiene que ser “sobre un monto determinado del valor del inmueble un 30% y no sobre su monto total” y por ello seguirán reuniéndose con las víctimas del cobro del IPC, como también con los dueños de las Constructoras para llegar a un acuerdo equitativo, que de acuerdo a los representantes de las constructoras, es una manera de compensar el aumento constante en los costos de los materiales de construcción, así como la cancelación de la mano de obra que se rige por contrato colectivo, lo cual incrementa la inversión final. Laura Valls aseguró que la Asamblea Nacional, el Indepabis, la Comisión Presidencial de la Vivienda y representantes del Ministerio para la Vivienda y Hábitat se han reunido para estudiar las implicaciones del pago del IPC, y las desventajas que éste ocasiona al comprador. En cuanto a esta Comisión Intergubernamental la asambleísta informó que han tenido la oportunidad de reunirse con representantes de varias constructoras y éstas han manifestado resistencia ante las intenciones de la mencionada Comisión y de igual forma, desacatan la Resolución del Ministerio de la Vivienda y Hábitat en la que literalmente, se dice que “se prohíbe el cobro del Indice de Precios al Consumidor u otro ajuste por inflación, después de la fecha originalmente pactada para la culminación de una obra en construcción, así como para la protocolización del documento de venta”. También se destaca que en ningún caso el comprador de la vivienda tendrá que asumir el impacto económico derivado del retraso en la culminación o entrega de la obra. Además, se dice que el comprador debe pagar IPC si la constructora entrega el inmueble en la fecha pautada en el contrato; aspecto que de acuerdo a la diputada Valls debe limitarse ya que aún se sigue afectando el bolsillo de los compradores y sobre todo de los jóvenes profesionales.

Fuente

http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a011208e03&id=t011208-e03